"Cambiar la política de inmigración y cambiar la actitud hacia la inmigración".
Ricardo Hausmann
Director del Centro para el Desarrollo Internacional da receta a Chile
"Van a ayudar en este proceso para que se den todas las garantías de transparencia".
Michelle Bachelet
Presidenta defendiendo el Consejo Ciudadano por nueva Constitución
En el marco del proceso para formular una Nueva Constitución que ha emprendido el gobierno, se ha conformado un Consejo Ciudadano de Observadores, el cual deberá garantizar la transparencia de los Diálogos Ciudadanos, instancia de participación directa de la ciudadanía en la elaboración de las propuestas para una Nueva Constitución. A este efecto, la Presidenta de la República ha nombrado a quince ciudadanos en una combinación variopinta: desde futbolistas hasta abogados, pasando por músicos y dirigentes sindicales, con representación de todos los sectores políticos. A primera vista, tales nominaciones deberían alegrarnos por su diversidad; sin embargo, las dudas surgen a poco andar cuando se piensa en cómo tales observadores podrán cumplir su labor a cabalidad, de manera que efectivamente puedan cumplir con su rol: garantizar la transparencia de los Diálogos Ciudadanos.
Pero, ahondando en un examen crítico, muchos de ellos poseen posturas ya definidas en materia política. Es decir, se crea un consejo de observadores que nace parcializado. Desde el primer momento, desde Renovación Nacional llamamos al Gobierno a que encargara el proceso de educación cívica y los diálogos ciudadanos al Servicio Electoral, por dos motivos: el primero, pues es un servicio público neutral, de reconocida experiencia y prestigio en el país; segundo, porque al ser un servicio público, tanto la ciudadanía como el Congreso Nacional y, en especial, la Cámara de Diputados, pueden ejercer su rol fiscalizador de los actos de dicho organismo. Este organismo, como todos aquellos creados por decreto, quedan en un limbo jurídico, ajeno a la fiscalización directa de la ciudadanía y de los órganos fiscalizadores.
Por tanto, no cabe duda que, a través de este Consejo, el Gobierno busca dotar de legitimidad a un proceso constituyente improvisado, alejado de la sociedad civil y sin garantías respecto de la fiscalización de sus actos. Pero, lo que me parece más grave es que se comprometa y emplee a figuras tan distinguidas para inyectar credibilidad a un proceso que no la tiene. Las encuestas sistemáticamente han arrojado cuáles son las preocupaciones de los chilenos: salud, seguridad y educación. Es hora de que el Gobierno deje de priorizar sus preocupaciones y se preocupe de las de todos los chilenos.
Paulina Núñez
Diputada de la República
El 5 de octubre, la ley número 20.730, conocida como ley del lobby, inició la última de sus etapas para la aplicación completa de la normativa. Además de regular la actividad, crea un registro de agenda pública que debe ser llenado por las autoridades para que toda gestión que pueda ser considerada un lobby, sea transparentada y conocida por la comunidad a través del sitio www.infolobby.cl.
La iniciativa viene a regular el lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios del Gobierno central, municipalidades, Congreso Nacional y órganos autónomos, estableciendo cómo deben registrar y transparentar sus actos.
Se considera lobby "toda gestión o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios". Se ha considerado que esta actividad pueda llevarse a cabo de una manera clara y pública, para evitar que autoridades puedan ser objeto de presiones indebidas para apoyar un proyecto o iniciativa.
Desde su promulgación, en marzo de 2014, se inició su aplicación de manera gradual hasta llegar ahora a que alcaldes, concejales y consejeros regionales publiquen un registro público de sus agendas públicas, audiencias y reuniones. Este último grupo de autoridades (a excepción de los alcaldes) ha sido la que ha cumplido de manera más lenta con la ley, debido a que consideran engorroso que los vecinos deban llenar formularios para poder acceder a plantearles sus consultas. Según concejales de todo el país, esto ha desmotivado que las personas lleguen a plantear sus inquietudes y busquen hacerlo en actividades públicas en sus sedes. De hecho, no son regulados por la ley del lobby los planteamientos o las peticiones realizadas en reuniones públicas y aquellos que tengan relación con el trabajo en terreno.
Del estricto cumplimiento de esta nueva ley es que la comunidad tendrá la oportunidad de fiscalizar a sus autoridades en el correcto ejercicio de las funciones para las cuales fueron electas.
En el vapor "Chile" llegó al puerto de Antofagasta, en viaje a Estados Unidos, el compositor Enrique Soro, a quien el Ateneo de Santiago había elegido para representarlo en el Congreso Científico de Washington. Su premiado Himno Panamericano sería ejecutado en ese torneo, con la dirección del mismo señor Soro.
El director del Hospital, Carlos Maureira Lazo, confirmó que en el transcurso de este mes quedará habilitado el segundo piso del recinto de salud. Las declaraciones las realizó tras hacer una visita inspectiva al sector. El ingeniero Jorge Skorin avaló los dichos apuntando que las obras se encuentran muy avanzadas.
Con un moderno scanner cuenta el Hospital Regional de Antofagasta, gracias a una inversión de $430 millones realizada por el gobierno.
El doctor Francisco Grisolía dijo que con este implemento llegarán a hacer unos 80 test al día, 10 veces más que los que podían hacer con el aparato de los 80 que tenía el recinto.