El Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, hizo un llamado ayer a que "prime la cordura" por parte de los funcionarios del Registro Civil movilizados, que hoy cumplen 26 días en paro y que el viernes dijeron que radicalizarán el movimiento a contar de mañana, terminando con los "turnos éticos" y con una caravana de buses y camiones.

El vocero de La Moneda sostuvo que "no puede ser que los ciudadanos sean los que estén en medio del conflicto", agregando que "esta idea de radicalizar la movilización sólo hace más daño a los chilenos".

El secretario de Estado enfatizó que el Gobierno está abierto a dialogar con los funcionarios movilizados, pero no en las condiciones actuales.

"Si ellos quieren diálogo, nosotros estamos disponibles para eso, pero no con los ciudadanos como rehenes de por medio. El efecto de esto no lo está pagando el Gobierno sino que los chilenos y chilenas que no pueden hacer miles de gestiones esenciales, por ejemplo para buscar empleo", aseveró Díaz tras participar en un Diálogo Ciudadano en la Gobernación Provincial de Linares.

Respecto a las demandas de los funcionarios, que exigen mejoras salariales tras el quiebre en la mesa de negociaciones entre los trabajadores y la Dirección de Presupuestos, el ministro Díaz reiteró que "las condiciones económicas de Chile son más adversas, más complejas y tenemos que priorizar los recursos del Estado en un conjunto de programas sociales".

Radicalización del paro

La presidenta de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, se reunió ayer con los funcionarios para definir la radicalización de la movilización anunciada a contar de mañana.

Esto luego de que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, afirmara el viernes que mañana el servicio abrirá sus puertas "sí o sí", enfatizando que como servidores públicos los funcionarios del Registro Civil "se deben a la gente".

Díaz señaló que los funcionarios no se tomarán edificios. "Los colegas están muy inquietos, nos reunimos más que nada con los delegados para dar tranquilidad. Nosotros no nos vamos a tomar los edificios, fue solamente una reunión para coordinarnos que nos espera para la próxima semana, como las reuniones que hacemos todos los días", dijo la dirigente.

"No nos vamos a tomar edificios", reiteró Díaz que remarcó que "no es nuestro estilo, nosotros nunca nos hemos tomados nuestros edificios y esta no va a ser la ocasión en que lo hagamos".

Acusación de represión

Asimismo, la representante de los funcionarios acusó "represión" por parte del Gobierno e insistió en la idea de que los trabajadores radicalizarán la movilización a contar de mañana.

"Me sorprende, me da vergüenza y me aterra lo que está pasando en este país. Nosotros pensábamos que estas prácticas ya no existían", afirmó la dirigente, quien agregó que "yo creo que nunca, desde la década de 1990, se ha reprimido tanto a los trabajadores como hoy".

La presidenta de la asociación de funcionarios del servicio comentó que "en la Quinta Región ya se apostaron Carabineros y no están dejando a los oficiales civiles hacer los matrimonios que estaban agendados hoy día, nos preocupa eso".

Asimismo denunció que en San Felipe "el oficial civil fue a retirar los documentos para hacer el matrimonio a domicilio y se encontró con Carabineros que no los está dejando entrar a las oficinas. Nosotros no nos tomamos los locales del servicio. Nos preocupa eso y por eso nos estábamos reuniendo con la gente".

Desde que comenzó el paro el 29 de septiembre pasado, se calcula que existen más de 1,4 millones de trámites pendientes. La movilización ha sido considerada como ilegal por el Gobierno, que ha rechazado las exigencias de los trabajadores para deponer la movilización.

El abogado de Ciudadano Inteligente, Carlos Hidalgo, querellante en el caso Corpesca, manifestó que espera medidas cautelares "de gran magnitud" en contra del senador de la UDI, Jaime Orpis, luego de que el Ministerio Público decidiera el viernes solicitar su desafuero.

El parlamentario gremialista es investigado actualmente por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco. La Fiscalía Nacional resolvió pedir el desafuero, para así poder formalizar al senador, que cuenta con fuero parlamentario, lo que impide dejarlo con medidas cautelares.

"No es necesario para formalizar estar desaforado, sin embargo, el desafuero es necesario para solicitar medidas cautelares o para proceder a acusar a la persona", explicó el abogado querellante en entrevista con Cooperativa, quien agregó que la solicitud de la fiscalía está justificada en una inminente formalización.

"Esta solicitud claramente va dirigida a que una vez que se le formalice, se le van a solicitar medidas cautelares, y me imagino que van a ser cautelares de gran intensidad, porque de lo contrario no sería necesario desaforarlo", dijo Hidalgo.

Respecto al argumento de la defensa de Orpis, que reclama que no se le ha tomado declaración respecto a todos los puntos investigados, el profesional afirmó que "no es necesario que se le tomen declaraciones al imputado para realizarle una imputación".

Hidalgo destacó que la fiscalía ha llevado a cabo una "investigación seria" a través de la que se ha hecho "la convicción de que esta persona tiene la participación culpable en esos hechos".

El senador de la UDI está siendo indagado por presuntos pagos recibidos por parte de la empresa Corpesca, que controla el grupo Angelini, a través de terceros.

El parlamentario, según los antecedentes recopilados en la investigación, habría recibido pagos constantes entre 2009 y 2013, que en total corresponderían a $260 millones.

Por otra parte, recientemente se conoció que la ex asesora del senador por Tarapacá y Arica y Parinacota, Carolina Gazitúa, reveló que Orpis habría hecho mal uso de $100 millones que corresponden a asignaciones parlamentarias.