100 años | 22 de octubre de 1915

Buenos resultados para salitrera

La Compañía de Salitres de Antofagasta produjo durante el primer semestre de este año, un total de 3 millones 18 mil 817 quintales. Su oficina Riviera, agregada hacía poco a la empresa, entraría pronto en trabajo y su producción se calculaba en unos 600 mil quintales, según lo pronosticaba la compañía.

50 años | 22 de octubre de 1965

Efectúan estudio sobre vida de la anchoveta

Un concienzudo estudio para determinar el ciclo evolutivo, emigración y condiciones de vida de la anchoveta, realizan expertos del Instituto de Fomento Pesquero, de la Armada y la Universidad Católica de Valparaíso, a bordo del buque oceanográfico Yelcho. La nave que arribó ayer, seguirá su tránsito a Iquique y Arica.

10 años | 22 de octubre de 2005

Antofagasta potencia su sistema portuario

Un completo análisis en torno al Puerto de Mejillones abarcó ayer de manera casi exclusiva, el primer encuentro internacional de ciudades puerto, realizado en Antofagasta. El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, alabó el desarrollo de su comuna, trabajo realizado gracias a la planificación pública privada en la materia.

El paro de los funcionarios del Registro Civil ha superado los 20 días y las negociaciones se mantienen estancadas. Hace unos días, la dirigencia de los trabajadores dijo que están tal como cuando se inició la huelga, declarada para que el gobierno les pague beneficios supuestamente adeudados.

En respuesta a ello, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha indicado que es incomprensible que personas que tienen promedios de sueldo de $1 millón 23 mil al mes estén paralizadas, cuando los chilenos tienen un promedio de sueldo de $476 mil. Y ha agregado que lo increíble de ello es que hay una negociación de todo el sistema público para el mejoramiento de las remuneraciones durante noviembre.

Difícil es explicar las motivaciones de la huelga a usuarios que llevan semanas peregrinando por las oficinas en busca de una cédula de identidad, de un pasaporte indispensable para viajar, cuando los pasajes aéreos ya se encuentran comprados, de la celebración de matrimonio, o para realizar trámites que son indispensables en un servicio como el Registro Civil.

Para todas esas personas y muchas otras, queda la sensación de que en estos procesos de negociaciones son la moneda de cambio con la que se presiona para llegar a obtener beneficios económicos de un reducido grupo de trabajadores.

Era previsible el endurecimiento del conflicto. El gobierno enfrenta una compleja situación presupuestaria, en momentos en que la economía crece en forma lenta y se deterioran las arcas fiscales. Ello ha obligado a reasignar presupuestos y a postergar proyectos que ya estaban anunciados.

Pero queda la duda de si las autoridades han hecho todo lo necesario para lograr una salida satisfactoria. Seguramente ambas partes tienen algo de razón, pero da la impresión de que no hay voluntad de diálogo.

En los últimos meses son frecuentes las paralizaciones en el sector público. Las más recientes han sido de la Salud y de Gendarmería. Sin embargo, se echan de menos planes de contingencia más certeros, que permitan que los servicios del Estado sigan funcionando, aunque sea parcialmente, pensando en los usuarios, los grandes perdedores de estos conflictos.

Desde el primer anuncio sobre la gratuidad, hemos expresado nuestra oposición a la forma en que se quiere implementar el beneficio en 2016. Nos hemos opuesto por la discriminación que representa dejar fuera a cientos de miles de estudiantes vulnerables y por los riesgos que significa establecer en una glosa presupuestaria requisitos que debieran ser parte de las reformas que se buscan introducir al sistema de educación superior.

Nuestra primera objeción -la discriminación- no necesita mayor argumentación para probar su validez. Las cifras son elocuentes: los estudiantes de educación superior de los cinco primeros deciles son más de 500 mil y la gratuidad llegará, en el cálculo más optimista, a 200 mil.

Nuestra segunda objeción -la inconveniencia de la glosa presupuestaria- ha quedado en total evidencia desde el momento en que se conoció el detalle de la Ley de Presupuesto. Y no son sólo las universidades privadas las que han expresado su disconformidad; lo están haciendo incluso las universidades del CRUCH, que son las que el Gobierno ha elegido preferentemente para dar inicio a la gratuidad.

Al margen del problema legal que vemos en la disposición, hemos podido comprobar que las fórmulas de cálculo de los recursos que se entregarían a las universidades que califiquen no coinciden con los requerimientos financieros de las instituciones, ya sean estatales o privadas. Las estatales, que están imposibilitadas de decir no a la gratuidad, quieren saber cómo van a financiar los déficits que se avizoran, mientras las privadas temen que el ingreso a la gratuidad les signifique un descalabro financiero.

Por todo lo anterior, insistimos en que el mejor sistema que el Gobierno tiene a su alcance es ampliar el plan de becas, de modo que éstas cubran el total de los aranceles de las universidades que cumplen los requisitos que se han impuesto. Es un sistema simple, absolutamente legal y no cuesta más de lo que hoy se pretende hacer. Y si los cálculos se hacen bien, es posible que los recursos alcancen incluso para reparar en parte la discriminación de la cual son víctima nuestros alumnos más vulnerables.

Jaime Vatter

Rector nacional Universidad Santo Tomás