Con estadísticas en mano el senador Alberto Espina (RN), llegó a Antofagasta para hablar de temas de seguridad pública y promover un conjunto de diez medidas para atacar este problema.
Según los números del parlamentario, en la región las poblaciones donde se vende droga pasaron de 22 en 2007 a 52 en 2013, lo que podría ser la base de muchas de las acciones violentas que se han vuelto frecuentes en la ciudad.
Otro dato relevante para Espina es que la región tiene hoy la tercera mayor cifra de prófugos de la justicia a nivel nacional, con 7.118 personas en esta condición, sólo superada por Santiago y Valparaíso.
Sin embargo, lo más inquietante es la advertencia que plantea Espina: para el senador, existe una creciente "sensación de impunidad", aspecto que en otras sociedades ha antecedido la aparición de un tipo de criminal distinto, mucho más complejo y decidido.
CRISIS
Usted lleva años trabajando en materias de seguridad pública, ¿qué cifras maneja sobre la realidad de Antofagasta?
-Según datos oficiales del Ministerio Público, el año pasado, 13.554 investigaciones por robos se archivaron sin resultado, lo que representa el 93% del total de este tipo de causas (14.522). Nueve de cada 10 delitos de robos con intimidación o violencia en las personas, cometidos en lugares públicos o casas particulares, quedaron en la total impunidad.
Pero hay otra cifra alarmante entregada al Senado por la Corte Suprema, y es que en esta región existen 7.118 prófugos de la justicia por delitos graves, como abuso sexual, tráfico de drogas o robos violentos. Esta región es la tercera a nivel nacional con más prófugos de la justicia, después de Valparaíso (7.152) y la Región Metropolitana (25.478).
Los últimos meses en la ciudad tuvimos una serie de homicidios, algunos muy violentos, ¿lo considera una situación preocupante?
-Era algo previsible y lo digo responsablemente, si no revertimos el nivel de impunidad en los delitos, corremos el riesgo de que en Chile se pase a la etapa de los secuestros por dinero. Y con esto no quiero alarmar a la gente, pero al estudiar los procesos delictuales de los países que no han sido capaces de tener normas firmes para detener los delitos violentos, la sensación de impunidad hace que el delincuente actúe cada vez con más violencia.
Es decir faltan leyes o más investigación criminal...
-Los homicidios son fruto de conflictos en los que el homicida no siente temor de matar a otra persona y eso debe generar una alerta roja que las autoridades tenemos la obligación de revertir.
Por eso es importante que la ciudadanía sepa cómo sus parlamentarios están votando estas leyes (diez medidas), porque en el periodo de campaña todos los candidatos hablan de disminuir la delincuencia, pero cuando son electos se les olvida aprobar las leyes.
CAMBIOS
¿En qué consiste su campaña de diez medidas contra la delincuencia y en qué ayudaría?
-Esta campaña comenzó hace un mes y adhieren a ella 21 gremios nacionales (400 regionales), desde el comercio detallista, organizaciones vecinales, centros comunitarios, alcaldes y parlamentarios incluso de la Nueva Mayoría, es una campaña transversal.
Una de las diez medidas es el control de identidad, sin embargo, esta idea ha generado bastante resistencia en algunos sectores.
-El control preventivo de identidad es una facultad fundamental que debe entregarse a las policías, precisamente porque hay 7.118 prófugos de la justicia en Antofagasta y 66.041 en todo el país. El objetivo es que las policías puedan requerir la identificación de una persona para saber si tiene una orden pendiente.
La idea ha generado una resistencia bastante absurda, ya que el control de identidad no tiene nada que ver con la detención por sospecha, que es cuando a una persona se le detiene por su ropa o apariencia física y eso no corresponde. El control preventivo es igual a lo que hoy hace un policía cuando fiscaliza un automóvil. Es decir, aleatoriamente puede pedir que en el mismo lugar donde se encuentre que la persona, se identifique y en caso de que no tenga su identificación se entregan facilidades para que lo haga.
DROGA
La droga es uno de los grandes temas en la región, ¿maneja estadísticas de tráfico o microtráfico?
-La cifra es alarmante. Según las estadísticas de la PDI, entre 2007 y 2013 se incrementaron de 22 poblaciones donde se traficaba droga en Antofagasta a 52, lo que es un aumento del 136%. Por eso, junto a la diputada Paulina Núñez (RN) vamos a otorgar más recursos a la policía, porque para atacar el tráfico se necesita un gran despliegue de trabajo con agentes encubiertos, entregas vigiladas o medidas más intrusivas que significan más recursos.
Lo importante no sólo es detener al último distribuidor de la cadena, que habitualmente es una persona que vende en bajas cantidades, hay que detener a los cabecillas.
¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio Público?
-Todas las instituciones pueden hacer mucho mejor su trabajo. Por eso en la ley de fortalecimiento del Ministerio Público les otorgamos más fiscales y sobre todo, la obligación de crear una unidad de análisis delictual que permita cruzar datos e identificar los modus operandi de las bandas.
Cuando se habla de que las denuncias por delitos bajan, ¿a qué atribuye este hecho?
-En ninguna parte se mide el aumento o la disminución de la delincuencia por el número de denuncias que se realizan. Las denuncias disminuyen, pero la "caja negra" aumenta porque la gente siente que no pasa nada. ¿Alguien puede considerar que hay menos delitos, cuando nueve de cada diez robos quedan en la total impunidad? Creo que en materia de robos y droga estamos sobrepasados.
Crear la figura del control preventivo de identidad.
Más facultades policiales para interrogar testigos.
Que las policías puedan detener en cualquier momento a delincuentes que aparecen en grabaciones o fotos.
Permitir a la policía registrar ropa, equipaje o vehículo en busca de pruebas.
Permitir la detención de una persona que confiesa un delito, aunque no sea flagrante.
Que el delincuente no quede libre por ausencia de fiscal en la audiencia.
En un allanamiento por robo, poder incautar especies de otros robos.
Considerar la prisión preventiva por reiteradas detenciones anteriores.
Banco unificado de datos.
Obligar por ley a una coordinación entre fiscales, policías y jueces.
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