En 2009, durante el mandado de Marcela Hernando en el municipio, se acordó que los comerciantes quedarían de forma provisoria en la Plaza Sotomayor, por 18 meses. Permanecieron ahí en carpas y en febrero de 2012, el municipio desembolsó 70 millones de pesos y les compró los módulos blancos que tienen hoy. La exalcaldesa y hoy diputada declinó entregar declaraciones hasta saber qué pasará con el recurso de protección.
E sta mañana los 47 comerciantes ubicados desde 2009 en la Plaza Sotomayor cumplen un ciclo. Caducan sus permisos, quedan irregulares, se exponen a multas si no salen, e incluso pueden ser desalojados por la vía legal. Así los recibe agosto.
Esta última opción puede ejecutarla el municipio, pero no lo hará sin conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en cuanto al recurso de protección que presentaron los vendedores el 13 de julio, cuyo dictamen se conocerá cerca de la segunda semana de este mes.
A nivel nacional, dos figuras clave en procesos de reubicación del comercio ambulante contaron sus experiencias a 'El Mercurio de Antofagasta': Jaime Ravinet cuando era alcalde de Santiago y Miguel Becker como líder comunal en Temuco.
Ambos tomaron decisiones que podrían interpretarse como "impopulares". Y a pesar a ello, la ciudadanía terminó entregándole su apoyo.
Ravinet recuerda que cuando lograron erradicar el comercio ambulante del centro de Santiago, tras una lucha constante en su periodo de alcalde (1990 a 2000), automáticamente disminuyeron los índices de robos por sorpresa y recuperaron espacios públicos para la ciudadanía.
"El comercio en la calle no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia y es misión de los municipios y Carabineros evitar que eso se propague. Además hay una vinculación inmensa entre la ocupación del comercio ambulante en las calles y la delincuencia, porque normalmente los 'lanzas' tienen cómplices o encubridores en el comercio ambulante", cuenta.
¿Qué dificultades enfrentó? "A todos los ambulantes y a mucha gente que le gusta comprarles porque así no pagan IVA, pero afortunadamente tuvimos el respaldo necesario para hacerlo", destaca Ravinet.
Y complementa con que un alcalde primero debe preocuparse del comercio establecido de su ciudad. "Antofagasta tiene los índices de cesantía más bajos de todo el país. Entonces no hay justificación para favorecer el comercio ambulante, más aún si lo erradican, yo creo que va a mejorar la seguridad ciudadana del centro de Antofagasta", explica Ravinet.
¿Fue una decisión impopular? "Obvio, impopular en el corto plazo, necesaria, pero que después fue respaldada por el resto de la ciudadanía".
Cuenta el alcalde de Temuco, Miguel Becker, que en 2008, en plena época de su candidaturas, se reunió con los ambulantes que ocupaban un perímetro del centro de la ciudad, y les pidió que no votaran por él, pues los iba a sacar.
"No se podía caminar en el centro, entorpecían el movimiento, y creaban una situación especial para el robo. No digo que sean ladrones, pero propiciaban las condiciones para eso", manifiesta Becker.
Desde el principio de su mandato les ofreció alternativas de reubicación en otros sectores, ferias itinerantes y su disposición para emprendimientos. "Algunos las tomaron, y otros no", comenta Becker.
En febrero de 2011 coordinaron con las policías aplicar un decreto para impedía la instalación de comercio irregular en el perímetro conflictivo.
Su resultado fue favorable, ya que la mayoría dejó de dedicarse el comercio y el resto partió a la feria itinerante.
Sin embargo, el problema aún persiste, pero en menor dimensión, de 250 personas pasaron a 15. Hoy tienen una ciudad más ordenada, bajaron los índices de delincuencia.
Además, contaron con un 80% de apoyo ciudadano en una encuesta que aplicaron sobre erradicarlos o no. "Los comerciantes que pagan impuestos y remuneraciones con imposiciones tienen derecho a tener sus vías despejadas en el frontis de sus locales", explica.
En vista de los costos políticos que podría tener un desalojo de este tipo, el director del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, manifiesta que la clave es esclarecer las razones de por qué esta decisión apunta a un beneficio público.
"La autoridad debe ser lo suficientemente hábil para convencerlos de que la decisión no es un desalojo, sino una propuesta de orden para la ciudad y seguridad para ellos mismos. En Antofagasta la decisión se toma en un año electoral, por lo que poco a poco los costos de ésta irán disminuyendo", agrega.