A partir de los anuncios del mensaje presidencial del 21 de Mayo, se ha instalado un lamentable debate en torno a la propuesta de gratuidad para la educación superior. El gobierno ha decidido otorgar gratuidad, a partir de 2016, a estudiantes de familias que pertenecen al 60% más vulnerable y que estudian en Universidades del Consejo de Rectores o en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro.
La pregunta que debemos hacernos; ¿Es justo que jóvenes con las mismas capacidades y condiciones socioeconómicas, no puedan acceder a la gratuidad? Según cálculos realizados por Acción Educar, la política definida está dejando fuera al 65% de los estudiantes más vulnerables.
En relación a las universidades, el estudio establece que son 175 mil los estudiantes de universidades privadas que están siendo excluidos del beneficio. No parece justo entonces que alumnos, siendo parte del 60% más vulnerable, no puedan acceder a la gratuidad por el solo hecho de estudiar en universidades que no pertenecen al Cruch, ya que sus instituciones fueron creadas con posterioridad a 1981.
La situación es aún más dramática al analizar el efecto en los CFT e Institutos Profesionales IP. A la discriminación injusta de jóvenes de iguales capacidades y condiciones socioeconómicas, se suma la discriminación territorial, un atentado contra todos los esfuerzos por avanzar hacia una efectiva descentralización del país y un mayor reconocimiento de las regiones.
En efecto, estudiantes de siete regiones no podrán acceder a la gratuidad, ya que ellas no cuentan con CFT y/o IP que cumplan los criterios definidos. Lo dijo Heinrich von Baer en una reciente columna, publicada en este mismo Diario: "Descentralizar capacidades nos permitirá abrir más oportunidades de desarrollo profesional a jóvenes talentos de regiones".
Todos celebramos el 2010, cuando por primera vez en Chile la matrícula de primer año de CFT e IP superó a la matrícula en universidades. Hoy estos estudiantes son los grandes excluidos, pese a estar estudiando en instituciones acreditadas y de gran trayectoria, por el solo hecho del tipo de organización jurídica de las instituciones, que hoy son legales.
Sin duda, ambas situaciones descritas representan una discriminación para los jóvenes, que parece inexplicable. Nuestra región y el país claman por soluciones concretas y sustentables, para dar oportunidades igualitarias a todos sus hijos y ofrecerles un futuro mejor.