La polémica por la prohibición de autorizar bingos por parte de los municipios sube de temperatura en todo el país. En Antofagasta, el tema no es distinto y algunas instituciones locales ya muestran sus dudas y preocupación por el tema.
Una de ellas es Oncofeliz, institución sin fines de lucro que cumplirá 15 años ayudando a los niños con cáncer desde Arica a Copiapó.
Su presidente, Rafael Bannura, explicó que atienden en promedio a unos 40 pequeños y, además de las colectas, su principal ingreso anual es el bingo que realizan en noviembre, donde participan cerca de mil personas y recaudan entre 7 y 8 millones de pesos.
Bannura es enfático en criticar el dictamen de parte de la Contraloría. "Lo nuestro es distinto a la persona que va a los casinos a gastar millones, porque yo quiero juntar plata para ayudar a los niños. Lo mío es sin fines de lucro, es con fines de vidas. Si no tengo plata dejo de existir, y qué pasa con los cuarenta niños".
leones
Algo parecido sucede en el Club de Leones de Antofagasta, fundado en 1952 y que entrega ayuda a gente de escasos recursos como aquellos del Programa Puente y hogares de ancianos. Al año se realizan entre 6 y 8 bingos y logran recaudar cada uno hasta 450 mil pesos.
El presidente Kindar Escobedo explicó que "con su prohibición se vería mermado el financiamiento para ayudar a la comunidad. Y a nosotros nos afecta, porque debemos autofinanciarnos".
¿Quiénes son los más afectados? "En este caso los beneficiarios, a quienes les llegan los lentes, como vamos a tener menos recursos llegaríamos a menos personas. Pero eso no significa que no haríamos el servicio".
El club planea realizar un bingo solidario a fin de mes. Escobedo explicó que "mientras no haya una claridad respecto a la prohibición, seguiremos trabajando en él".
bomberos
La medida también afecta a Bomberos. El superintendente de la institución, Luis Zárate, detalló que "con la prohibición de los bingos no podríamos contar con recursos para comprar equipamientos y para ayudar a los camaradas que lo necesiten".
La norma en la que se basó el dictamen de la Contraloría data de 1952 y, a juicio del diputado Gabriel Silber (DC), debe ser actualizada. Por ello es que junto a un grupo de diputados enviaron un proyecto de ley para modificar la normativa y ya cuentan con el apoyo del gobierno.