Indicadores objetivos para la medición de resultados es lo que solicitó la Comisión de Constitución del Senado al Ministerio Público, luego de conocer el resultado de las evaluaciones internas que realiza la Fiscalía y que en 2014, arrojó que los persecutores en Antofagasta obtuvieron una calificación de 6,9 sobre 7.
El senador independiente Pedro Araya, integrante de la comisión, manifestó que se trata de una idea que ya había analizado la Cámara Baja, pero que ayer volvió a ser planteada con fuerza en la discusión del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Esto, luego de conocer las notas de los 660 fiscales del país.
"Para la próxima semana quedó pendiente tratar las calificaciones como un tema aparte", explicó el senador, quien dijo que en la sesión de ayer estuvo presente el fiscal nacional Sabas Chahuán.
explicación
Araya detalló que una de las cuestiones que plantearon al fiscal nacional es la necesidad de explicar clara y detalladamente cómo se aplican las calificaciones en la entidad.
"Con un 6,9 podríamos suponer que tenemos un Ministerio Público que está funcionando sin problemas, y todos sabemos que no es así", puntualizó el senador, quien anunció una reunión especial para analizar el ítem en particular.
El parlamentario dijo que ayer se aprobó la Unidad de Análisis Delictual, lo que considera un avance importante, ya que se trata de un departamento que no existe en las fiscalías.
Esto implica que existirá personal dedicado a hacer investigación criminal, cruzando datos para ver si se registran patrones que podrían estar relacionados, como en los casos vinculados a drogas.
Pedro Araya explicó que otro de los temas que se discute es el aumento de la planta funcionaria, donde los senadores quieren evitar que el aumento favorezca sólo a Santiago. "Las regiones están tan colapsadas como la capital, pero no tienen la misma visibilidad pública en los casos que tratan", apuntó el senador.
AUTOCRÍTICA
Sobre el proyecto de fortalecimiento, la diputada RN Paulina Núñez manifestó que en plena discusión para otorgar más recursos, es necesario que la entidad persecutora "haga una autocrítica".
"El proyecto requiere análisis, en cuanto a sus metas de gestión, calificaciones y la autonomía. Hay otros organismos que están sometidos a evaluaciones, nadie dice que tengan que responder ante el gobierno de turno, pero es algo que tenemos que discutir", sostuvo.
Sobre la evaluación promedio de 6,9 que obtuvieron los persecutores en Antofagasta el año pasado, el vocero de la Corte de Apelaciones, ministro Oscar Clavería, dijo que desconoce los parámetros de estas calificaciones.
"Puede ser que existan fiscales con promedio 7, porque muchos se lo merecen, y esos compensan a otros que por lejos están bajo el 6", explicó.
Clavería precisó que cada año en la región hay más de mil condenados, mientras que en Calama está el tribunal oral con mayor carga laboral en el país, lo que implica que la zona está sobrepasada de trabajo en términos criminales, por lo que no es posible obtener una evaluación general de esto.
En cuanto a los archivos provisionales y la aplicación del principio de oportunidad -muy criticadas por que implican el fin de las pesquisas- el abogado Carlos Cabezas, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, argumentó que son salidas que ofrece el propio sistema Procesal Penal para descongestionar la estructura.
