La crisis política e institucional que vive el país a raíz de los casos Penta, SQM y Caval genera inquietud en todos los sectores de la sociedad. Pero aunque analistas, parlamentarios y representantes de distintos gremios concuerdan en la profundidad del problema, existen discrepancias en torno a la mejor manera de enfrentarlo.
Posturas como investigar "caiga quien caiga", por un lado, o la búsqueda de un "acuerdo político" para superar el complejo trance, por otro, marcan un debate que parece instalarse cada vez con más fuerza en el país.
En este contexto, los parlamentarios de la región fijaron sus posiciones.
El senador Pedro Araya (independiente) dijo que son dos los caminos que se deben transitar superar el momento.
Primero mencionó la vía judicial, donde "las investigaciones deben continuar su curso normal", y junto a ello una profunda reforma para transparentar el financiamiento de las campañas electorales y regular el aporte de privados, puesto que con los últimos casos "quedó demostrado que existen muchos vacíos".
"Hay que pensar una nueva forma de financiamiento electoral. El gobierno había ingresado antes de los casos Penta y Caval un proyecto de ley que apuntaba fundamentalmente al aporte de las empresas y a mejorar los estándares de financiamiento del sistema político en su conjunto. Eso hay que apurarlo", aseguró.
SANCIONES
El senador Alejandro Guillier (independiente) comentó que la prioridad legislativa es fortalecer la legislación con sanciones más drásticas.
"La salida a los problemas consiste en que las instituciones funcionen. Por lo tanto, quienes han cometido delitos deben responder ante la justicia y que ésta a su vez aplique y haga cumplir las leyes disponibles. Sabemos que las normativas son débiles y por eso (también) debemos fortalecerlas con sanciones más draconianas", explicó.
La diputada Marcela Hernando (PRSD), quien además integra la comisión investigadora del caso Penta, dijo que el problema tiene dos aristas: una judicial y otra legislativa.
"Todo aquello que está en investigación en la justicia, debe continuar su cauce normal, y en eso 'caiga quien caiga'. Esto independiente del acuerdo de la clase política para legislar y hacer modificaciones en bien del país", manifestó.
PROCESO
La también diputada Paulina Núñez (RN) comentó que cualquier acuerdo en la materia debe ser refrendado con leyes.
"No estamos a favor de un acuerdo de brazos alzados entre los partidos políticos, pero sí apoyamos cambiar la ley de financiamiento en las campañas para que sean transparentes y la ciudadanía conozca el origen de los recursos, como también que exista una separación definitiva entre política y negocios", afirmó.
Sobre el concepto de "caiga quien caiga", la vicepresidenta nacional de RN aclaró que si alguna persona cometió un delito, debe ser condenada, pero "con un debido proceso y no un linchamiento público o apuntada con el dedo por ser pariente o amigo de alguien que emitió una boleta".
En la misma línea, el diputado Felipe Ward (UDI) se declaró contrario a una salida política, aunque sí manifestó su disposición a legislar para mejorar el sistema.
En relación a los casos que están siendo investigados por el Ministerio Público, el jefe de bancada del gremialismo aseguró que "nada debe cambiar y ningún acuerdo político puede pasar a llevar los tribunales en su trabajo".
Proyectos
Por su parte, el diputado Marco Espinosa (PRSD) fue tajante y respondió que "aquí no hay un doble discurso".
"Es prácticamente inviable un acuerdo político que permita superar la crisis que está afectando a algunos parlamentarios. Llegamos a tal extremo, que se ha descubierto esta relación entre el dinero y la política", argumentó.
Espinosa aseguró que el PRSD ha presentado proyectos de ley relacionados con la probidad, transparencia, gasto electoral y condiciones que consideran relevantes para la inscripción de candidaturas.
Todos los legisladores consultados confirmaron que existen conversaciones al interior de sus bancadas y con otros partidos para buscar un "acuerdo transversal".
La periodista y doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinoza, dijo que el país enfrenta una crisis política, de legitimidad y representación, un "quiebre del modelo elitista que gobierna los países latinoamericanos". La analista afirma que esto mismo no ocurre en naciones como Bolivia o Uruguay, porque allí han entendido que se gobierna "desde el pueblo y para éste". Según Espinoza para entender el dilema de la gobernabilidad en América Latina hay que preguntarse cuán democrática es la democracia, o cuán representativas son finalmente las instituciones y los actores que gobiernan. Su análisis apunta a que estamos en presencia de lo que Francis Fukuyama (2011) llamó una "vetocracia", es decir, la presencia de espacios de gobernanza donde los (as) políticos (as) desarrollan acciones "multivectoriales" con los grupos de presión y de poder económico. Al mismo tiempo, advierte que lo que está en crisis es la estructura de una institucionalidad basada y sustentada por una elite política que se ha reproducido a sí misma a través de una "aristocracia artificial".
