La Casa Blanca se mostró ayer a favor de extender un día más el plazo para alcanzar un acuerdo marco con Irán sobre su programa nuclear, pero pidió 'serios compromisos' y no cerró la puerta a dar por muertas las conversaciones.

Mientras las seis potencias del grupo P5+1 e Irán continuaban ayer negociando a contrarreloj en Lausana (Suiza), el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo en Washington que, tras un año de negociaciones, si Teherán 'no toma una postura de mostrar compromisos serios, estamos preparados para considerar otras alternativas'.

Entre ellas, Earnest recordó que EE.UU. no ha descartado nunca la vía militar, aunque confió en que, tras los progresos registrados en las maratonianas negociaciones de Lausana se pueda alcanzar un acuerdo político.

'No tiene sentido que, si hemos estado en un intercambio serio con la otra parte, interrumpamos abruptamente las negociaciones', aseguró el vocero, al explicar por qué se muestran abiertos a una prórroga.

Las seis potencias del grupo P5+1 (EE.UU., China, Rusia, Reino Unidos, Francia y Alemania) se han mostrado favorables a extender el plazo para cerrar un acuerdo 24 horas más allá del plazo previsto inicialmente, que se cumplía la medianoche de ayer.

El director político del Ministerio de Exteriores iraní, Hamid Baidi Nejat, reconoció ayer que aún quedan varios temas por resolver para alcanzar un acuerdo, y recordó que no habrá un consenso 'hasta que todos los temas estén resueltos'.

El ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, aseguró en tanto, que las discusiones 'avanzan', pero reconoció que son 'complicadas'.

Sindicatos trasandinos del transporte paralizaron ayer Argentina con una huelga para exigir menos retenciones fiscales a los trabajadores, a menos de siete meses de los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Cristina Fernández.

El paro fue convocado por una alianza de gremios del transporte a los que se sumó la facción opositora de la Central General de Trabajadores (CGT), liderada por Hugo Moyano, exaliado del kirchnerismo y convertido en uno de sus más acérrimos adversarios, y afectó también a otros sectores, como la banca.

Los gremios exigen modificar el impuesto a las Ganancias, aplicado a los salarios superiores a los 15 mil pesos mensuales (US$1.700), a lo que se opone el Gobierno con el argumento de que sólo afecta 'al 10% de los trabajadores' mejor pagados.

El aeropuerto porteño no operó y todos sus vuelos domésticos y regionales fueron reprogramados. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, una veintena corrió la misma suerte. Debido al paro no circularon trenes, autobuses, metros, ni hubo transporte de carga ni recolección de residuos en Buenos Aires y en otras ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza, entre otras.

Los puertos, los bancos, las bencineras y los tribunales permanecieron sin actividad, mientras que varios hospitales atendieron sólo emergencias y muchas escuelas vieron alterada su rutina por la ausencia de numerosos profesores que no lograron llegar a su puesto de trabajo.

Las calles de Buenos Aires amanecieron semidesiertas porque muchos trabajadores optaron por quedarse en casa ante la falta de transporte público, la escasa disponibilidad de taxis y los cortes de calles realizados por agrupaciones de izquierda en los principales accesos a la ciudad.

La bicicleta se convirtió en un medio de transporte alternativo para algunos empleados, como el funcionario Darío Leonti: 'Son gente como yo, que quisimos cubrir una guardia mínima y vinimos con lo que pudimos'.

Los principales líderes sindicales coincidieron en calificar como 'total' la huelga y amenazaron con un nuevo paro de 36 horas en dos semanas si el Ejecutivo no atiende a sus demandas.

Esta es la cuarta huelga convocada por los sindicatos durante el Gobierno de Cristina Fernández, que afrontó el último paro general en agosto pasado.