Un nuevo informe jurídico que descarta escenarios legales adversos debido a la existencia de pertenencias mineras en el terreno de Chaqueta Blanca, envió la municipalidad a los concejales intentando disipar sus temores y conseguir los votos para la aprobación del contrato con la empresa Santa Marta.
Para que el acuerdo con la compañía pueda concretarse, la alcaldesa Karen Rojo requiere siete votos a favor, cifra que en la anterior sesión, celebrada el 18 de febrero, no consiguió debido básicamente a las dudas expresadas por tres concejales, quienes al final se abstuvieron.
Lo que más inquieta a los ediles son precisamente las consecuencias que podría tener en el proyecto la existencia de cuatro pertenencias de explotación minera constituidas en el terreno donde se construirá el relleno sanitario.
La duda apunta a una posible judicialización del proyecto cuando esté en desarrollo y, junto a eso, a eventuales perjuicios al patrimonio municipal, e incluso individual de los concejales, en caso de demandas.
SERVIDUMBRE
El nuevo informe está firmado por el director (s) de Asesoría Jurídica del municipio, Guillermo Valderrama, y en él se abordan ambos aspectos.
Allí se detalla que para que los dueños de las concesiones puedan explotarlas primero deben constituir una "servidumbre minera", lo cual tiene que ser aprobado por el dueño del terreno superficial, que es el municipio.
Se explica en el texto que de producirse una solicitud en este sentido, la municipalidad lógicamente se opondrá, y entonces podría iniciarse un juicio donde el solicitante deberá acreditar la real utilidad del provecho exigido.
"Es decir, el sólo hecho de tener la titularidad de la concesión no implica que necesariamente deba concederse la servidumbre", sino que, por el contrario, debe probarse un beneficio "verosímil y proporcionado que permita descartar subterfugios para propósitos ajenos a la finalidad de la pertenencia", indica el texto, citando jurisprudencia de la Corte Suprema.
Agrega el informe que en el evento que el concesionario logre constituir servidumbre, es éste el que debe indemnizar al municipio y no a la inversa.
El documento, que ayer era analizado por varios ediles, indica a partir de lo anterior que "no existe razón alguna para temer por el patrimonio municipal ni personal de los señores concejales derivado de la aprobación de dicho contrato".
ABOGADO
El asesor de la Alcaldía, Mauricio Peldoza, explicó que el nuevo informe busca despejar las dudas que aún pudieran existir respecto a un tema que el municipio considera "resuelto".
Peldoza dijo que todos estos antecedentes ya habían sido entregados a los concejales y que su reiteración no es más que un intento por "redondear" lo que se ha venido comunicando por distintas vías.
"Toda la información está entregada, y esto es lo último que hacemos, ya no podemos hacer más", enfatizó.
INFORME
El informe en derecho fue solicitado por la concejala Doris Navarro, quien fue una de las ediles que se abstuvo en la sesión del 18 de febrero.
Navarro comentó ayer que la respuesta de la unidad jurídica no la deja conforme y que en este momento la única forma de lograr la certeza que se requiere es obteniendo un compromiso público de los concesionarios mineros en orden a que no ejercerán derechos sobre el terreno de Chaqueta Blanca.
Por su parte, la concejala Andrea Merino, otra de las ediles que se abstuvo hace dos semanas, indicó que pese a su buena disposición frente al tema, "el municipio no ha podido convencerme (de aprobar)".
Merino de hecho recalcó que en los últimos días han aparecido "otros actores" con posiciones mucho más convincentes respecto al riesgo de seguir adelante con el proyecto en las actuales condiciones.
Ambas concejalas manifestaron que además del informe jurídico, se solicitó uno de la Dirección de Control de la municipalidad, el cual hasta ayer en la tarde no llegaba.