Problemas contractuales entre el gobierno y la empresa contratista a cargo de las labores de limpieza de los jardines infantiles afectados por metales pesados, obligaron a paralizar el miércoles pasado los trabajos. De no subsanarse pronto esta situación, podría retrasar el ingreso a clases de unos 3 mil alumnos de cuatro establecimientos educacionales.
El 31 de enero el intendente Valentín Volta y el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, dieron luz verde a la limpieza (hidrolavado y aspirado) de los jardines Semillita y Los Pollitos con un gran despliegue de medios y personal. A pocos días de esas escenas, la realidad es muy distinta.
En el Semillita, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), ayer sólo había un par de trabajadores sin tareas específicas que realizar y, según se podía observar a simple vista, con mucho trabajo pendiente, sobre todo en los pisos.
Consultados por la situación, se limitaron a reconocer que "al parecer hay problemas con el contrato".
Esta situación ya había sido advertida por la CMDS, que la semana pasada ofició a las seremis de Salud y Educación para conocer la realidad de lo que ocurría, sin que hasta ayer recibiera respuesta.
Inspección
Al respecto, el secretario ejecutivo de la corporación, Eslayne Portilla, explicó que "hicimos llegar un documento formal para informarnos qué es lo que pasa. Nosotros concurrimos con nuestros fiscalizadores durante tres días y no constatamos ni avances ni labores en el jardín Semillita", dijo.
Según Portilla, la empresa a cargo les manifestó que aún no firmaban el contrato.
"Hay un problema contractual entre el gobierno y Serviambiente (empresa a cargo de la limpieza) que a nosotros nos puede complicar mucho, ya que el ingreso a clases es el 4 de marzo y si no se resuelve, podría obligar a retrasarlo", dijo.
En efecto, además de los jardines Los Pollitos y Semillita, está previsto que se realicen las mismas labores de limpieza en los liceos Técnico A-14, Liceo A-17 Marta Narea, y en el Liceo B-32 Antonio Rendic.
En total son más de 3 mil niños y jóvenes que podrían ser afectados por esta situación.
Eslayne Portilla adelantó que están a la espera de información oficial del gobierno para solicitar a la Seremi de Educación los permisos para aplazar el retorno a clases.
Gestiones
Trascendió que ayer el Gobierno Regional realizaba intensas gestiones para conseguir los $50 millones que permitirían a la empresa retomar las labores a la brevedad.
En horas de la tarde la seremi de Gobierno, Stefanía Carvajal, explicó que el problema se produjo debido a la urgencia con que se abordaron los trabajos y descartó que éstos se encuentren paralizados.
"El financiamiento para este plan proviene en parte de privados y otra del gobierno. El primer pago debía hacerse el viernes pasado, pero finalmente se hizo hoy (ayer) mediante un cheque", explicó.
En total, la primera etapa de este programa de limpieza cuesta $486 millones y además de los establecimientos educativos, incluye la plazoleta del puerto y el sector del monumento a Arturo Prat.
Según la versión del gobierno, a partir de hoy la firma contratista retomará las labores. De esta manera, la entrega de los trabajos se mantendría en los plazos previstos.
"Esperamos que los trabajos terminen según el calendario establecido, es decir, a fines de este mes para ambos jardines", manifestó.
EMPRESA
Luis Anguita, gerente de Serviambiente, intentó bajar el perfil a la situación.
"No es motivo de comentarios. Se trata de un problema interno de la Intendencia. Los trabajos siguen, estamos repasando lo que ya se hizo", dijo.
Es necesario consignar que la limpieza de estos establecimientos es sólo el inicio de un completo plan de "descontaminación" anunciado por el gobierno para el borde costero cercano al Puerto.
MOLESTIA
La noticia de la paralización de los trabajos indignó a los padres de los niños afectados por la contaminación.
Gisela Contreras, vocera de los padres del jardín Semillita, comentó que "teníamos antecedentes de lo que estaba pasando, pero sólo hoy (ayer) fui a confirmarlo personalmente. Nadie del gobierno nos ha informado nada al respecto. Esa ha sido la tónica de todo este problema. Sólo el Servicio de Salud (SSA) ha respondido, pero no las otras reparticiones del gobierno", subrayó.
Contreras aseguró que más allá de lo que puede significar este nuevo traspié en el ingreso de los niños a clases, los padres están preocupados porque el actuar del gobierno no les genera confianza.
"Esta es una medida de mitigación que ellos impusieron, contra nuestra voluntad. Pero ni siquiera son capaces de hacer bien lo que ellos mismos proponen", enfatizó.
En otro frente de este problema, durante la mañana de ayer el SSA comenzó a entregar a los padres de los menores afectados los resultados de las contramuestras analizadas por el ISP en Santiago.
En total 180 niños se sometieron al examen para establecer la real presencia de plomo en su sangre y así definir el tratamiento que recibirán en caso de ser necesario.