Caso Inverlink: la Corte condena a exejecutivos al pago de $26 mil millones
sentencia. Tribunal revocó fallo de primera instancia y decidió presidio para exdirectivos.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó ayer un fallo de primera instancia y condenó a presidio remitido a ocho exejecutivos de Inverlink y Corfo, por irregularidades financieras que provocaron millonarias pérdidas al organismo estatal.
En una resolución unánime, la Quinta Sala del tribunal anuló un fallo del juez de primera instancia, Patricio Villarroel, que el año pasado absolvió a los procesados, acusados de infringir la Ley de Mercado de Valores. La Corte condenó a 800 días de prisión remitida -con firma periódica- a Javier Moya Cucurella y a 541 días de cárcel a Eduardo Monasterio Lara, presidente de Inverlink.
La misma pena recibieron otros seis implicados, Eduardo Tapia Donoso, Luis Hernández Palma, Lawrence Fletcher Vera, Juan Prieto Viviani, Gino Tirapegui Palomino y Frank Leigthon Castellón.
En lo civil, se acogió una demanda presentada por Corfo por la que los condenados deben pagar $26.462 millones (US$44 millones) por "daño emergente".
El fallo señala que BBVA Corredores de Bolsa debe pagar la indemnización, pues los dos últimos nombrados eran empleados suyos. A través de un comunicado, la firma afirmó que "interpondrá los recursos judiciales que correspondan, confiando en que la Corte Suprema restablecerá su total inocencia, como fuera reconocido en primera instancia".
A finales de los años 90, los ejecutivos de Inverlink contactaron a Javier Moya, ex jefe de Tesorería de Corfo, para realizar maniobras engañosas y eludir prohibiciones de ventas de papeles de Corfo.
el escándalo
El caso quedó al descubierto en febrero de 2003, cuando el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió que su secretaria Pamela Andrada, filtraba información privilegiada a Inverlink.
El descubrimiento provocó que quienes tenían inversiones en Inverlink retiraran masivamente sus fondos, por lo cual los ejecutivos, coludidos con Javier Moya, sacaron $85.000 millones (US$106 millones de entonces) para enfrentar la situación.
La repercusión le costó el puesto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Gonzalo Rivas, yerno del entonces Presidente Ricardo Lagos, quien desdramatizó el escándalo al declarar que "acá no se ha perdido un peso del Estado de Chile. Si usted tiene un jarrón en su casa y entra un ladrón y se lo roba, cuando descubran el jarrón se lo van a devolver".