Ante la marcha que la sociedad civil peruana organizó a fin de reivindicar el dominio soberano de Perú sobre el triángulo terrestre, y sobre todo por la respuesta que ha dado Chile relativa a cuestionar su legitimidad, resulta necesario plantear un análisis que supere los argumentos nacionalistas que invisibilizan la objetividad. A saber:

El artículo 2 del Tratado de 1929 determinó, además de la posesión soberana de Tacna para el Perú y de Arica para Chile, que la frontera terrestre entre ambos países parte desde un punto de la costa que se denomina 'Concordia' y que está distante a diez kilómetros al norte del puente del río Lluta. En el artículo 3 del mismo instrumento, se estableció que la línea divisoria sería fijada por una Comisión Mixta, la que se encargaría de instalar hitos demarcadores. Así entonces, y en expresa aplicación del tratado de 1929, tanto el Perú como Chile iniciaron en 1930 las discusiones y preparativos respectivos. En función de esos trabajos, se estableció con meridiana claridad que la frontera terrestre entre ambos Estados parte desde el mar. En consecuencia, la frontera terrestre entre Perú y Chile comienza en el Punto 266 y no en el Hito N°1 como lo postula La Moneda.

Esta aseveración encuentra refuerzo en el análisis que puede hacerse de distintos párrafos de la sentencia que emitió la Corte Internacional de Justicia respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile, especialmente el párrafo 175 y en el que el Alto Tribunal señaló que la frontera marítima que comienza en el Hito N°1 podría no coincidir con el comienzo de la frontera terrestre.

Ante esto, y entendiéndose que se sabía -desde que se instaló la demanda peruana- que el tema del triángulo terrestre no podría ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia y, asumiéndose que Chile estaba convencido de que el paralelo era el factor delimitador marítimo con el Perú -condición que fue reafirmada por la Corte-, resulta inconcebible que la Cancillería no haya conjugado ambas premisas y no adoptara mecanismos diplomáticos tempranos.

La ausencia de una visión negociadora por nuestra diplomacia, ayudó a que las políticas y declaraciones emitidas desde el Palacio de Miraflores no se convirtieran en un freno interno a los movimientos nacionalistas peruanos, que ahora encuentran legitimidad a sus reivindicaciones no sólo en su visión de la historia, sino que también en el derecho interno.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo por estos días que está convencido de que es importante aprobar pronto el proyecto de Reforma Tributaria, para abocarse a la reactivación de la economía y porque 'el acuerdo le da certidumbre y estabilidad a los agentes económicos'.

Arenas, un experto, citó una evidencia clave para entender la actual situación económica nacional: la actual falta de certezas en el marco tributario chileno. No es lo único, pero es muy relevante. Es cierto que el país tenía los signos de letargo en los meses anteriores, pero aquello no explica la caída más pronunciada que hoy se sufre. Las personas, todas, sin excepción, necesitan estándares a los que sujetarse y criterios mínimos que se cumplirán en el tiempo, con el fin de tomar decisiones de largo plazo.

Las posibilidades de inversión aumentan cuando existe la convicción y seguridad que las reglas no cambiarán dramáticamente, porque en caso contrario, es decir, si las modificaciones son permanentes, el riesgo para la inversión aumenta.

Al respecto, el secretario de Estado citó: 'Lo que hemos hecho con total responsabilidad es heredar una economía que está desacelerada y empezar a desarrollar todos los instrumentos a nuestro alcance para dinamizarla'.

Ello es cierto, pero no es lo único y los números así lo reflejan. Junto a la caída de la inversión, se ha detenido el consumo, hay señales de mayor desempleo, menor crecimiento económico, en números superiores al resto de los países de la región. ¿De quién es eso responsabilidad? ¿Del escenario externo? ¿Del gobierno anterior, el actual, o de ambos?

Una de las cosas llamativas de los dichos de Arenas se relacionan a la forma en que elude la responsabilidad que le compete, sabiendo que las decisiones y agenda del gobierno -buenas o malas- tendrían efecto en la economía. Vale decir, era previsible que las reformas de educación y económica, que pueden ser muy necesarias, sí provocarían letargos en la medida en que no sabemos en qué se traducirán.

Construimos mundos con nuestros actos de habla y por ello debemos ser responsables y conscientes de sus efectos. Eso es lo básico entre personas.