La imprenta local Skarnic informaba que el día 10 aparecería el primer número de la revista 'La semana de la guerra', en la cual se darían detalles de todas las novedades diplomáticas y bélicas de los países europeos en conflicto. El suceso se ha ido desarrollando de manera inquietante ante la preocupación mundial.
Esta semana ha sido conocido el fallo de la Corte Suprema respecto al proyecto de producción y embarque de concentrado de cobre de la minera Sierra Gorda SCM. La resolución que no entró al fondo solicitado por los recurrentes, se quedó en la forma y de manera categórica precisó que los reclamos eran extemporáneos, vale decir, no se hicieron a tiempo.
Al respecto, algunas consideraciones:
Las resoluciones del máximo tribunal de justicia chileno tienen un peso inapelable, sin perjuicio de lo cual, existe la posibilidad de llevar las reclamaciones ante organismos multilaterales, como la Organización para el Desarrollo Económico (Ocde) u otros, a propósito de la división del proyecto que involucra a la minera, con capitales polacos y japoneses; el Ferrocarril de Antofagasta- Bolivia y el terminal ATI.
Como segundo punto, puede agregarse que el reclamo de los críticos sigue siendo atendible y un punto a tener muy presente por las compañías y las autoridades. Esto tiene que ver con lo estético -en el caso de la forma y ubicación del galpón-, los problemas derivados del tránsito del tren y el peligro de contaminación, aspecto en el que ciertamente existen suspicacias.
Pero fundamentalmente, el malestar se relaciona con la forma en que se desarrolló la iniciativa a cargo de Sierra Gorda SCM: de manera poco transparente, alejada de la gente, con una mínima vinculación social y peor información. El acercamiento ocurrió recién cuando todo parecía desmoronarse.
Bien puede decirse que con lo ocurrido sólo están pagando las consecuencias. Las cosas no se hacen de ese modo; los proyectos deben tener a las comunidades como sus principales aliados; eso no es un eslogan, debe ser una filosofía.
Tema aparte para las autoridades de entonces que tampoco ayudaron mucho a la socialización de un tema demasiado relevante y que parecen hasta hoy no entender que la 'licencia social' puede ser tan relevante como lo legal. Con sus decisiones pobres y ciegas, dejan al ciudadano en indefensión y al inversionista y la empresa en el peor de los mundos.
De esto hay mucho que aprender.
Angelique Araya Hernández
El Ministerio de Desarrollo Social fue creado por la ley 20.530, reemplazando al antiguo Mideplan, organismo técnico que coordinaba a todos los ministerios y servicios públicos del país y que en las regiones se denominaba Serplac.
La necesidad de las personas de participar del desarrollo económico experimentado por el país en el último tiempo, hicieron imprescindible extender el espectro de acción del Estado más hacia el ámbito social, lo que se cumplió con la creación del Ministerio, el que tiene como misión 'contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social'.
Para cumplir con este objetivo complejo, cuenta con una doble composición: un área destinada a velar por las políticas, planes y programas de contenido social, y otra, dirigida a velar porque los recursos financieros involucrados en esas políticas, planes y programas, alcancen a las personas o grupos vulnerables, y éstos se vean beneficiados con ellos en forma concreta e integral.
La batería de planes y programas de que dispone el Ministerio, se encamina a la realización concreta de los compromisos de nuestra Presidenta Michelle Bachelet, de modo que los mismos deben llegar ineludiblemente a las personas.
En particular, el Ministerio de Desarrollo Social ofrece una determinada cantidad de planes y programas con financiamiento para cada uno de ellos en todo el país, los cuales son administrados por el mismo, pero ejecutados por entidades con personalidad jurídica, como los municipios (sus principales aliados) a fin de evitar el mal uso de recursos en forma interna.
Estas entidades presentan proyectos al Ministerio a través del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), cuya plataforma virtual permite controlar debidamente la implementación del proyecto presentado, pasando a formar parte del Banco Integrado de Proyectos (BIP).
El área de inversiones velará por la transparencia en el uso de los recursos públicos involucrados, desde el ingreso del proyecto, seguimiento hasta su término, y evaluación posterior.