Con la llegada del juez suplente, don Enrique Vergara, se veían los dos juzgados en pleno funcionamiento, esto después de dos años de problemas, ya que también había regresado el juez titular don Alejandro Fuenzalida. Abogados y litigantes veían con beneplácito esta normalización, ya que eliminaría los importantes atrasos.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, citó hace unos días a un comité policial especial en La Moneda, debido a la serie de hechos relacionados con la colocación de artefactos explosivos y las medidas que deben adoptarse. En lo que va del año, suman 15 atentados explosivos. Entre los más recientes, están los ejecutados contra una parroquia y contra tres vehículos, otro contra un carro del Metro y el artefacto que fue desactivado en las cercanías de dos jardines infantiles en la Región Metropolitana.
Las amenazas y los atentados mediante artefactos explosivos persiguen provocar pánico y temor en la población, con el fin de que ésta quede a merced de los atacantes. Los autores pretenden también alcanzar notoriedad para que se hable de ellos, por lo cual con frecuencia lanzan panfletos reivindicando alguna acción. Otra de las finalidades es ir contra el sistema establecido, alterar el normal funcionamiento de las instituciones, a través de la evacuación de oficinas, y poner en jaque a las autoridades y a la policía, para demostrar que el terrorista siempre va un paso adelantado.
Pérdidas de horas laborales, daños a la propiedad, y en ocasiones heridos, dejan estas acciones de elementos desequilibrados. Pero sobre todo, se va minando la confianza y la seguridad de las personas, por el temor de que algún día estalle un explosivo en presencia de personas.
Tanto el personal como las instalaciones de los lugares elegidos como blancos son vulnerables. Por eso, los expertos recomiendan la elaboración cuidadosa de un plan de emergencia, a la medida de cada institución, que deberá formar parte de los programas que hay en las empresas para evacuar las oficinas en caso de ser necesario.
Estos ataques contribuyen a deteriorar la salud mental de la población, que piensa qué ocurriría si algún día pasaran a transformarse en víctimas. Se requiere de las autoridades y de los tribunales una actitud muy firme cuando los autores de atentados son identificados, con el fin de no dar una señal de que el costo de jugar con la tranquilidad y la seguridad de la población es casi cero.
Héctor Sánchez
El sistema de salud debe enfrentar los desafíos del envejecimiento, del perfil epidemiológico, del crecimiento de los costos y del mejoramiento de los niveles educacionales de la población. El índice de envejecimiento se ha duplicado en los últimos 20 años y el índice de dependencia ha aumentado un 43% en igual período, lo que implica un gran desafío para la economía del país y para financiar los sistemas de seguridad social, ya que por mayores costos a lo menos 9 deciles de la población deberán contar en los próximos 20 años con subsidio fiscal para acceder a un sistema de salud digno.
Como producto del envejecimiento, la insuficiencia de políticas públicas para controlar las enfermedades crónicas y equivocados modelos de atención y financiamiento, se deberá enfrentar una creciente demanda por servicios de salud, lo que hará redefinir estrategias para atender las necesidades de salud de la población, que exigirá replantear los actuales modelos de atención y financiamiento.
El financiamiento, acceso y los resultados que la población obtiene en salud en función del ingreso, nos coloca dentro de los países con mayores niveles de inequidad entre naciones de ingresos medios, lo que nos plantea un gran desafío para lograr y distribuir los recursos financieros necesarios para mejorar la situación de los más, pobres, viejos y enfermos.
Este conjunto de desafíos nos plantea la inquietud respecto de la insuficiencia de las propuestas de reforma que se han conocido públicamente, las que abordan en su gran mayoría sólo al financiamiento de la salud y al sistema Isapre, las que aunque estén en la línea correcta son claramente insuficientes. Hoy es imposible abordar otra reforma estructural sectorial, sin embargo es necesario disponer de una visión de lo que se requiere para enfrentar los problemas de salud en un horizonte de a lo menos 20- 30 años y definir los pilares valóricos conceptuales y técnicos que regirán al nuevo sistema de salud.
La reforma a las Isapres debe ser la primera fase de una gran reforma que demorará a lo menos una década. Mantener el equilibrio para resolver los problemas urgentes y definir las orientaciones de largo plazo sin apurarse en definir organización y estructuras 'del futuro' puede ser la llave para destrabar desacuerdos y la comisión de expertos nombrada por la Presidenta.