Personeros de la talla de Carlos Tarragó, directivo de Proa Antofagasta, y Fernando Cortez, gerente de la Asociación de Industriales de la región, han comentado los mínimos compromisos que mantienen con la ciudad y la zona, distintas empresas instaladas en Antofagasta, y en general, a lo largo de Chile.

Ambos ejecutivos han puntualizado el escaso apoyo que prestan a la capital regional, o un menguado compromiso con la manoseada cultura o política de la Responsabilidad Social Empresarial.

'Muchas empresas cuyas utilidades son generadas gracias al consumo local están al debe en su aporte', escribió Tarragó el 21 de julio de 2013.

Hace unas semanas, Cortez advirtió en una entrevista con este Diario que en efecto, muchos rubros 'tienen cero compromiso' con el entorno local. Frente al punto agregó que no hay forma de explicar este comportamiento 'más que por una decisión política, corporativa de las empresas'.

En concreto, al menos en Antofagasta, observamos una casi exclusiva presencia en materia de vinculación con el entorno por parte de algunas empresas mineras. Indudablemente que ello parece obvio considerando las magnitudes de las operaciones de tales compañías, pero también queda claro que están lejos de ser las únicas con presencia en la zona.

Sólo hace unas semanas comentábamos este hecho, advirtiendo la ausencia completa del retail, la banca y otras, que no precisamente presentan problemas de flujo de caja en cada ejercicio.

Farmacias, supermercados, isapres, AFPs, grandes centros comerciales y también compañías ligadas a la minería caen en este saco.

¿Es ello correcto? Claramente no es ilegal. Como cualquiera, cumplen sus obligaciones de pagar los impuestos y respetar las leyes, además crean empleo y riqueza.

El tema es que ello no resulta suficiente.

El mero apego a los marcos regulatorios no parece ser el único valor para compensar la vuelta de mano que exigen los territorios donde se gesta la riqueza.

Antofagasta es una ciudad lastimada y la respuesta no puede venir exclusivamente desde lo público. Todo el resto tiene mucho que aportar.

La no renovación de 35 patentes de alcoholes de las cerca de 845 existentes en la ciudad fue simplemente el ejercicio de las facultades que la ley entrega al Concejo Municipal. Una decisión que se fundó en múltiples factores, que ponderados por los y las ediles arrojaron como resultado inequívoco la necesidad de impedir que la actividad comercial se siguiera ejerciendo, por contribuyentes que poco o nada colaboran en tener una ciudad turística y de servicios a la minería. Más bien son administradores de la lógica del campamento minero, sólo se preocupan de vender diversión, sin considerar en modo alguno el derecho tan esencial, como humano, a descansar de sus vecinos, mucho menos comprometidos con la seguridad del barrio.

Tenemos muy claro que las acciones judiciales se dirigirán pronto contra quienes tomamos esta decisión, y eso también se tuvo en vista al momento de decidir. Convencidos que el ejercicio de las responsabilidades públicas implica riesgos y costos, los asumimos pensando en que buena parte de la labor de representación, consiste precisamente en tomar decisiones pensando en el bien común, el que la mayoría de las veces se contrapone a intereses particulares, legítimos y valiosos por cierto, pero individuales al fin.

Antofagasta requiere recuperar un cierto orden, una cierta matriz de convivencia comunitaria, que permita a unos y otros desarrollarse, progresar y crecer. Para hacerlo a veces habrá que tomar decisiones difíciles e impopulares como la referida, otras veces subirse a las demandas de la mayoría, pero siempre orientarse pensando en el bien común, en que la ciudad es la casa de todos. Ya no resiste una municipalidad periférica y ausente, sino que demanda una gestión activa y lúcida para enfrentar los desafíos propios de una ciudad que está al alero de la minería 7x7, esa actividad productiva que cada vez más reduce costos, traspasándolos a terceros, y ese gran tercero es precisamente nuestra ciudad.

Estoy consciente que esta medida también tiene efectos de orden laboral y sociales, los que debemos gestionar de manera adecuada, pero estos no pueden ser impedimento para cumplir la decisión acordada. El derecho de todos y todas a descansar, a vivir en barrios seguros, de aspirar a una mejor calidad de vida, es el común denominador que funda la decisión tomada, razones que sin duda despejan y disipan cualquier atisbo de arbitrariedad e ilegalidad.