Recursos administrativos e incluso presentaciones en tribunales civiles tienen a su alcance los empresarios que se vieron afectados por la no renovación de sus patentes de alcoholes.
La medida fue adoptada el miércoles por el Concejo Municipal y sus consecuencias se comenzarán a sentir a fin de mes, cuando expiren los permisos del actual semestre.
El listado de locales no ha sido entregado por el municipio, pero se sabe que entre ellos figuran Boliche, Steine, Previu, Candela, Oq, Antilén, Paso Infierno, Potros, Colaless, Rincón Latino, Club del Tío, Underboys y New York.
Ayer varios empresarios o los representantes de éstos se acercaron a la municipalidad para comprobar la veracidad de la información y definir los caminos a seguir.
ABOGADO
Álvaro Gómez, abogado de Alejandro Ávila, dueño de los locales Antilén y Paso Infierno, ambos ubicados en calle Sucre, lamentó la decisión del Concejo asegurando que se trata de dos establecimientos 'tradicionales' de la ciudad, que nunca habían tenido problemas con la renovación de sus patentes.
Según explicó, la decisión los tomó por sorpresa e incluso tuvieron que presentarse en el municipio para conocer el motivo de la medida, que en su caso guarda relación con acumulación de infracciones.
Lo primero que harán ahora, anunció el abogado, será presentar una solicitud de reconsideración al municipio. De no prosperar, una de las alternativas que se abre es la presentación de un recurso de protección en tribunales.
'Esto lo estamos tomando bien tranquilamente, por eso usaremos la vía administrativa y si eso falla evaluaremos', manifestó el profesional.
RAZONES
En total la municipalidad decidió no renovar 35 patentes de alcoholes distribuidas principalmente en el sector centro (Barrio Rojo), Avenida Angamos y el borde costero.
De los 35 patentes 15 no serán renovadas por infracciones reiterativas informadas por los juzgados de policía local (más de 3 partes), 12 por no tener local habilitado, 5 por informe de reclamo entregado por las juntas de vecinos y 3 en respuesta a un informe de Contraloría.
Entre los locales que no renovarán su patente por reclamos de los vecinos está el Oq, ubicado en Avenida Angamos.
Uno de los integrantes de la sociedad que lo administra, Luis Henríquez, explicó que en su caso la noticia es un verdadero 'golpe económico', pues apenas hace tres meses adquirieron el local a su anterior dueño.
Henríquez manifestó que en este periodo no ha recibido quejas de los vecinos y recalcó que si hubo molestias, fueron anteriores al cambio.
'Yo no tenía idea que los vecinos habían reclamado. En estos meses no he recibido ningún parte, ni siquiera tengo karaoke, sólo música. Mi local es para ir a conversar', indicó.
El empresario explicó que buscará asesoría legal para ver de qué manera revertir la decisión del Concejo Municipal, sin descartar el camino de los tribunales.
CÁMARA
La medida adoptada por el municipio generó la reacción de la Cámara de Comercio, cuyo presidente, Mauricio Líbano, dijo estar preocupado por la gran cantidad de patentes que se vieron afectadas.
'Normalmente no se renuevan tres o cuatro patentes en el semestre, pero ahora fueron 35, es decir, aumentó diez veces. Eso nos llama bastante la atención y nos pone en alerta como gremio', aseguró.
Líbano explicó que si bien se trata de una atribución municipal, es necesario aclarar cuáles fueron los criterios que se emplearon para un recorte tan inusual de las patentes.
Además, advirtió que la medida afecta a un sector que ya está fuertemente golpeado por la Ley del Tabaco y la Ley de Tolerancia Cero, y que seguramente seguirá acumulando pérdidas a futuro con la Reforma Tributaria, que elevará el precio de los licores.
En su opinión, lo más singular de todo es que es la propia municipalidad la que autoriza inversiones en determinados sectores y luego caduca las patentes aduciendo problemas en los vecindarios.
'Por ejemplo en Avenida Angamos, hay inversiones relativamente recientes que están afectadas. Mi pregunta es por qué se les otorgó entonces el permiso para operar ahí', subrayó.
El presidente de la Cámara de Comercio estimó que si todas las caducaciones anunciadas se concretan, los trabajadores que podrían perder su fuente laboral serían alrededor de cuatrocientos.