Estuvo menos de un día en la ciudad y utilizó el tiempo en visitar el Servicio de Salud Antofagasta (SSA) y tomar declaraciones en el cuartel de la PDI. Con estas últimas diligencias, el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, prepara la formalización de cargos contra tres funcionarios del SSA, a raíz del caso droga.
El persecutor investiga el centro de salud antofagastino debido a las irregularidades que descubrió en 2012. En el marco de indagaciones a nivel nacional en todos estos servicios públicos, Guzmán detectó 890 kilos de droga que figuraban como incinerada, pero seguían en las bodegas del SSA.
Tras ello comenzó una investigación que permitirá, este 18 de julio, a la Fiscalía Metropolitana Sur formalizar cargos por falsificación de instrumento público. Los acusados tenían directa relación con la incineración de droga y habrían modificado las actas de procedimiento. Esto, para que coincidieran los saldos de estupefacientes destruidos, con los que no alcanzaban a incinerar y volvían a guardar en la bodega del servicio.
El fiscal Guzmán estuvo ayer en Antofagasta y se reunión con funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, unidad que estuvo a cargo de la pesquisas en la ciudad. Fuentes ligadas a la investigación, explicaron que el persecutor en la mañana fue al SSA.
Luego llegó al cuartel de la policía civil, donde sostuvo una reunión con la jefa de la Segunda Región Policial, Jessica Vergara. Concluidas las formalidades, el persecutor realizó las últimas entrevistas por el caso droga, motivo principal de su viaje a Antofagasta, aunque no hubo detalle de quiénes fueron los interrogados.
Este procedimiento se extendió por varias horas durante la tarde y al terminar, Guzmán emprendió camino al aeropuerto para retornar a la capital.
Los funcionarios del Servicio de Salud que serán formalizados este 18 de julio son dos ministros de fe (administrativos) y un químico. Uno de ellos no seguiría trabajando, debido a que jubiló.
Los trabajadores eran quienes participaban del proceso de incineración de las drogas que son decomisadas por las policías y Aduanas en la región. La acusación se basaría en supuestas alteraciones que éstos habrían realizado.
Según informaron en su momento desde el Servicio de Salud, el caso se trataría de errores administrativos. La gran cantidad de estupefacientes decomisados y que deben ser destruidos por el servicio, en 2012, eran mucho mayor a la capacidad del horno incinerador.
Por eso quienes estaban designados para ejecutar este proceso habrían regresado al recinto de calle Bolívar con saldos de droga, para guardarlos en la bodega y destruirlos en un próximo operativo.
Al conocerse las irregularidades que investiga la Fiscalía Metropolitana Sur, las autoridades regionales dispusieron cambios en los protocolos, tanto en los plazos para quemar los estupefacientes, como en que las cantidades eliminadas sean 100% efectivas.