A 36 se elevó el número de proyectos afectados por el dictamen de Contraloría que objetó la aplicación de una herramienta urbanística que favorecía el desarrollo de la construcción.
Se trata de la figura denominada 'frente predial mínimo', que fue derogada el año 2004 de la legislación nacional, pero que a nivel local -según interpreta Contraloría- se siguió aplicando hasta marzo pasado, permitiendo de esta forma el desarrollo de proyectos en condiciones más favorables.
Si bien en un principio la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) estimó que las objeciones hechas a esta herramienta paralizarían alrededor de 20 proyectos, aquella cifra aumenta al considerar las iniciativas de empresas o particulares no asociados al gremio.
El último catastro indica que el dictamen interfiere con la ejecución de 36 iniciativas, con una inversión total de US$35 millones y cerca de 3.500 empleos comprometidos.
COEFICIENTES
El 'frente predial mínimo' aumentaba el coeficiente de constructibilidad en los terrenos que superaran determinadas dimensiones (12 metros de frente), lo que en la práctica se traducía en la posibilidad de elevar el porcentaje de ocupación de la superficie, rentabilizando así la inversión.
Con esta norma fuera de uso, proyectos que estaban listos para comenzar, principalmente habitacionales, no podrán hacerlo y tendrán que ser rediseñados bajo parámetros distintos.
De hecho, apenas se conoció la medida muchas empresas que estaban tramitando en el municipio permisos para el inicio de obras retiraron sus proyectos. Otros titulares no alcanzaron a hacerlo y sus iniciativas fueron rechazadas.
SOLICITUD
En este contexto, el 16 de junio la Municipalidad de Antofagasta presentó a Contraloría una solicitud de reconsideración, asegurando que en su primera lectura del problema, el ente fiscalizador cometió un error de interpretación.
Lo que sostiene el municipio es que la norma que se venía aplicando en Antofagasta no corresponde al 'frente predial mínimo' derogado en 2004, sino a una disposición especial, establecida en el artículo N° 54 Plan Regulador de la comuna, que sigue vigente.
Esta postura fue refrendada el lunes durante las reuniones que, por separado, sostuvieron dos delegaciones antofagastinas con el contralor general, Ramiro Mendoza, en la sede del organismo en Santiago.
En la primera participó la alcaldesa Karen Rojo, el senador Alejandro Guillier y técnicos municipales. La otra en cambio tuvo como protagonistas al senador Pedro Araya, el presidente regional de la CChC, Jaime Tolosa, y representantes de la Asociación de Industriales de Antofagasta.
ABOGADO
El asesor legal de Alcaldía, Héctor Gómez, quien participó en la primera de las reuniones, dijo que en ella entregaron a Mendoza todos los antecedentes que, a juicio del municipio, confirman el error.
'Efectivamente el frente predial mínimo está derogado, pero nosotros lo que estamos aplicando es una norma distinta, que dice referencia a los coeficientes de constructibilidad que están permitidos en la ordenanza local vigente', indicó el abogado.
Ayer debían reunirse en Santiago los profesionales del Área de Urbanismo de Contraloría para analizar en detalle los antecedentes del caso.
El presidente de la CChC, Jaime Tolosa, explicó que tras la reunión del lunes, el gremio constructor hizo llegar a Contraloría una serie de informes técnicos donde se detallan las zonas afectadas, número de proyectos paralizados, coeficientes aplicados, etc. Todo esto con el fin de avalar la solicitud de reconsideración presentada por el municipio.
'Lo que hicimos fue dar sustento técnico a lo que planteó la municipalidad y lo que pedimos al contralor en el fondo fue acoger la reconsideración', señaló.
Si bien el deseo de la cámara es que el dictamen se revierta, una solución alternativa para el gremio sería posponer su aplicación, para así dar tiempo a una modificación del Plan Regulador que incorpore a dicha ordenanza los coeficientes afectados por la medida.
Aunque no existen plazos, Jaime Tolosa dijo esperar que atendida la urgencia del tema, la respuesta de Contraloría no tarde más de un mes.
GESTIONES
El administrador municipal Rodolfo Gómez comentó que de mantenerse la decisión de Contraloría, el efecto en el sector de la construcción será profundo, aunque destacó que los esfuerzos que se realizan para evitar este escenario.
'Sin duda hay muchos proyectos que verán comprometido su desarrollo, pero yo confío en las gestiones que se están realizando y que encabeza la alcaldesa Karen Rojo', indicó.
Se calcula que el no desarrollo de los 36 proyectos, además, de impactar en el empleo y la oferta inmobiliaria de corto y mediano plazo, significará que la casa consistorial dejará de percibir US$3 millones en derechos municipales.
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