Las observaciones que Contraloría efectuó a la aplicación de algunas normativas en el plano regulador confirman uno de los peores escenarios adelantados por el sector construcción. Y es que a la fecha, las inversiones inmobiliarias contempladas para este año quedaron en 'jaque' y ya se advierte un freno importante en la actividad.
En palabras simples, el dictamen de la Contraloría afecta las edificaciones en altura, lo que significa que los proyectos tienen un índice de constructibilidad (máximo de metros cuadrados a construir sobre un terreno) mucho menor al aplicado hasta hoy.
El problema, acusan los privados, es que la decisión del organismo podría dejar el plano regulador sin coeficiente de construcción, además de congelar las inversiones por un plazo de tiempo aún indeterminado.
Incluso el tema escaló al Ministerio de Vivienda y a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a nivel nacional, donde se están evaluando las posibles soluciones al problema, que por el momento apunta a la urgente actualización del plan regulador.
Los datos preliminares de la CChC evidencian que a la fecha ya existen 16 proyectos que no han podido iniciar sus obras, lo que compromete una inversión de $19 mil 753 millones.
Además el tema se vuelve más delicado aún si considera que las iniciativas contempladas para este año involucran empleo para unos 2.400 trabajadores y profesionales.
permisos
En efecto, desde marzo los permisos en la Dirección de Obras del municipio (DOM) están congelados a raíz de una observación realizada por el Minvu a la Contraloría solicitando su pronunciamiento por la aplicación de ciertos reglamentos que estarían fuera de la ley, entre ellos la utilización de una norma urbanística (frente predial mínimo) derogada en el 2004, además de lo improcedente que es establecer beneficios normativos en los planes reguladores comunales como el aumento de la constructibilidad (altura).
consecuencias
En lo concreto la revisión y el fallo final del organismo contralor, que partió con el caso particular de una construcción en el sector Gran Vía, se hizo extensivo para todos los proyectos inmobiliarios emplazados en Antofagasta.
Esto significa que las empresas, en los terrenos ya comprados, no podrán construir el número de viviendas que estimaban en primera instancia por tener una menor altura de construcción, aspecto que con el pronunciamiento de la Contraloría regirá para todos los proyectos futuros.
En este contexto ya existen 700 hectáreas destinadas a inversión inmobiliaria, incluyendo proyectos del área de la salud y turismo, que presentan este problema.
Además con esta decisión prácticamente todas las empresas quedan fuera de mercado, por las limitaciones que el dictamen instala para la construcción de viviendas, sobre todo en los paños de menor tamaño, factor que al mismo tiempo podría agudizar el déficit habitacional de la ciudad e incrementar el valor de la vivienda.
actores
Ante las diferencias en los criterios de aplicación de la normativa de construcción originada entre la municipalidad y el Minvu, el seremi de la cartera Mauricio Zamorano, explicó que no existe ninguna pugna entre el ministerio y el municipio, lo que hay es un acto de fiscalización y cumplimiento de la ley.
'El Minvu no ha detenido ningún proyecto habitacional, no le corresponde. Es facultad privativa del municipio el otorgar o rechazar permisos de construcción y debe hacerlo conforme a lo que establece la ley', dijo la autoridad.
Zamorano también agregó que si la DOM estimaba estar en lo correcto pudo haber continuado otorgando permisos y en caso contrario lo que corresponde es que de acuerdo a sus facultades privativas reestudie el plan regulador con participación ciudadana y según la normativa vigente, armonizando los intereses de la comunidad y de los inversionistas, lo que a juicio del seremi no ha sido realizado hasta la fecha.
En tanto que para el administrador municipal, Mauricio Peldoza, Contraloría hizo una modificación sustancial a los conceptos con los cuales el municipio ha trabajado en los últimos años en relación a la construcción en altura y otros aspectos urbanísticos.
'Ante la discrepancia que existe con la Contraloría presentaremos una reconsideración o se examinarán las acciones que el municipio puede realizar para mantener una coherencia en la aplicación de las normativas', concluyó Peldoza.
