El Gope de Carabineros acudió ayer hasta la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en calle Pirámide de la comuna de San Miguel, donde logró desactivar los dos artefactos explosivos encontrados, sin que se produjeran lesionados. Según un informe policial, las bombas estaban compuestas por tubos de gas butano, botellas de combustible y mechas artesanales.
Denuncia. Gremio acusó 'precariedad' en sus condiciones de seguridad.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, hizo ayer un llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para la protección de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, ante el hallazgo de dos artefactos incendiarios en las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Sur.
A través de un comunicado, la entidad se refirió a las condiciones de seguridad que enfrentan los persecutores en el país, donde incluso debido a las amenazas sufridas, el fiscal Luis Chamorro en La Araucanía renunció a su cargo la semana pasada.
Frente a los dos artefactos incendiarios desactivados por el Gope de Carabineros en las dependencias de la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, en San Miguel, la asociación expresó que 'son cada vez más los casos que dan cuenta de las precarias condiciones de seguridad que afrontamos los fiscales de Chile. A las constantes amenazas, hostigamientos y desacreditaciones gratuitas que sufrimos, se han sumado en el último tiempo, agresiones y amenazas verosímiles que afectan la vida y seguridad de fiscales y funcionarios del Ministerio Público'.
Por ello, hicieron un llamado 'a las autoridades, especialmente de Gobierno, a no minimizar el problema'.
Por el contrario, dijeron, 'es urgente que la autoridad política dé señales claras de su voluntad de hacerse cargo de la situación. Ello se torna especialmente necesario si se considera que en el último tiempo el ejecutivo ha demostrado una total insensibilidad por la situación de colapso que a nuestro juicio vive la fiscalía, no demostrando la menor preocupación por la carencia de recursos, de personal y de seguridad que sufrimos quienes trabajamos día a día en ella'.
En el tema de la seguridad, los fiscales dijeron 'valorar los esfuerzos desplegados por el propio Ministerio Público en esta materia'. Sin embargo, resaltaron que 'es obvio que la Institución no dispone de los fondos y de la infraestructura suficientes para hacerse cargo de esta materia.
'Al respecto, debemos recordar que el principal llamado a garantizar la seguridad de todos los chilenos es el Ministerio del Interior, que hasta ahora no ha dicho una palabra respecto de las situaciones que nos aquejan', concluyeron.
Luego de un año recluido en la Cárcel de Alta Seguridad, Pablo Undurraga quedó ayer con arresto domiciliario, a la espera del fin de las indagatorias por el sacrificio de un lactante de tres días en Colliguay. Esto, después de que el Juzgado de Garantía de Quilpué aceptara sustituir la máxima medida cautelar por una menos gravosa. La Fiscalía no se opuso a dicho requerimiento, ordenándose el arresto domiciliario total por el resto del tiempo en que se extiendan las indagatorias. Undurraga era el principal discípulo de Ramón Castillo Gaete -autodenominado 'Antares de la Luz'- y el único de los ocho imputados que permanecía en prisión preventiva por la muerte del menor, ocurrida en 2012.