Falta de transparencia
El 11 de agosto de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet, promulgó la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, la que entró en vigencia el 20 de abril de 2009, llegando a ser conocida como la 'Ley de Transparencia'. Como un eje en el proceso de Modernización del Estado, la nueva norma establece como principal objetivo abrir a la ciudadanía la información de los organismos públicos, 'promoviendo un sistema más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública', según da cuenta la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.
En los últimos años, a partir de la promulgación de esta ley, la transparencia en Chile no sólo ha aumentado, sino que también se ha ido convirtiendo en un valor que la comunidad espera de las instituciones, exige cuando no lo percibe y reclama cuando se le niega.
El Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo creado al alero de la citada ley y cuya labor es velar por el buen cumplimiento de esta norma, se ha encargado de fiscalizar precisamente su funcionamiento efectivo ante la obligación de los organismos públicos de dar a conocer toda la gestión reconocida como 'información pública', especialmente la relacionada con los actos y resoluciones de los órganos estatales, como también aquella información elaborada con presupuesto público y toda otra información que posean los mismos y que no esté sujeta a excepciones.
En el marco de sus responsabilidades y atribuciones, el CPLT dio cuenta que desde su creación -junto con la ley respectiva- ha cursado infracciones a unos 85 funcionarios públicos, quienes han tenido de cancelar al Estado más de $20 millones, simplemente por negar información de carácter público.
Las sanciones recayeron principalmente en funcionarios de municipios, lo que nuevamente establece la necesidad de que los gobiernos comunales, por su cercanía por la comunidad y atendiendo a que los alcaldes son elegidos popularmente, estén en condiciones de mostrar claramente su gestión a una ciudadanía que espera actuaciones limpias y probas.