Que Chile sea un país minero se debe a múltiples factores como sus importantes reservas en cobre, el peso de esta industria en su economía, su entrenada fuerza laboral, su estabilidad institucional, su adecuada infraestructura entre otros aspectos. Las cifras hablan por sí solas: cerca del 60% de nuestras exportaciones vienen del rubro minero; aporta el 15% del PIB nacional; la actividad minera contribuye con el 10% de la mano de obra nacional y el 24% de los ingresos fiscales provienen de la minería.
Esto es sólo una mirada al presente de la actividad minera. Si nos concentramos en el futuro, la minería necesitará miles de nuevos puestos de trabajo para cubrir la demanda en mano de obra. Además, billones de dólares se prevén en proyectos de inversión relacionados directa o indirectamente con esta actividad. Esto demuestra que la relevancia de la minería se debiera mantener en el futuro.
Los altos estándares con que se realiza esta actividad en nuestro país han sido objeto de reconocimiento mundial, lo que es más producto del resultado de un trabajo serio y responsable de cooperación conjunta de la actividad pública y privada, y el reflejo de políticas a largo plazo.
No obstante, no podemos contentarnos con estos resultados; debemos mejorar y cuidar este activo tan crucial, evitando situaciones que generen incertidumbres y confusiones, poniendo en peligro nuestro destacado desempeño continental y mundial. En este sentido, la intención de derogar el DL 600 puede producir inseguridades innecesarias para esta industria, que mantiene en carpeta grande inversiones a largo plazo, como también podría gatillar que nuestro país pierda su privilegiada posición en este sector.
No cabe duda que dicha regulación ha sido un importante aporte en la atracción de inversión extranjera, al consagrar estabilidad tributaria, acceso al mercado cambiario formal y facilitar la remesa de capitales y utilidades. Por lo tanto, mantener las reglas claras ha beneficiado no sólo a inversionistas, sino que a todo nuestro país gracias al aporte de la actividad minera a la economía nacional.