El nuevo escenario para las autoridades
El Gobierno Regional que asume tendrá que modificar lo planificado como pauta de trabajo porque la demanda medioambiental llegó para quedarse.
Si bien Antofagasta sigue con los niveles más altos de desarrollo económico, una parte de su estructura como ciudad aún sigue al margen de los cambios, aunque no es difícil encontrar las causas.
Hasta ahora el tema medioambiental estuvo divorciado de las grandes decisiones urbanas, incluso considerando que todos nuestros problemas de calidad de vida forman parte de los costos de estar en una región netamente minera.
Incluso el nuevo intendente ha dicho que sus prioridades de gestión -según sus propias declaraciones- estarán centradas en salud y en el impulso de una política habitacional para satisfacer la alta demanda por viviendas para las clases media y baja.
Sin embargo, el nuevo escenario ciudadano tendrá que ser atendido por las nuevas autoridades. Los posibles efectos del galpón en el puerto (incluidas acciones judiciales y demases), junto al aumento de las patologías cancerígenas, ya tienen en alerta a la comunidad que demanda respuestas desde la Intendencia.
Bajo estos nuevos parámetros, lo proyectado por el nuevo gobierno regional para los próximos meses ya tiene cierto desfase, que resulta prioritario cambiar, porque la ciudadanía no va a perdonar que otro gobierno postergue urgentes medidas en el tema medio ambiente.
La carga es pesada. El cuestionamiento a las decisiones que tomaron desde el gobierno regional sobre el galpón, lo que fue refrendado por un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pone ahora a la figura del intendente como quien debería fijar otros lineamientos sobre contaminación, calidad de vida y lo que la comunidad quiere como desarrollo urbano-portuario.
Una labor clave sin duda estará centrada en el nuevo seremi de Medio Ambiente, quien heredó un problema todavía no dimensionado en su totalidad, porque si bien el caso galpón está judicializado, cualquiera que sea la respuesta desde los tribunales (apelaciones a la Corte Suprema), la comunidad, gremios y líderes políticos exigirán una posición clara y también acciones de quienes en definitiva son garantes de los derechos ciudadanos, entendiéndose que el gobierno es elegido por una mayoría soberana.